La Federación Salud Mental Canarias pone voz a los derechos fundamentales en el Parlamento de Canarias
La presidenta de la Federación, Cristina Acosta, reclama en la Cámara regional la protección y mejora de los derechos de las personas con problemas de salud mental, “víctimas habituales de los prejuicios, la discriminación y el estigma”
El trastorno mental supuso en 2021 el 35,44% de situaciones de discapacidad reconocida en Canarias. E igual que sucede con el resto de los tipos de discapacidad, los derechos y garantías de nuestro colectivo son los mismos que los del resto de la ciudadanía. Es una cuestión de justicia social.
La Federación canaria se une a la Confederación Salud Mental España para visibilizar la realidad de las personas que enfrentan desafíos de salud mental y sus familias y alzar la voz en favor de los derechos fundamentales del colectivo.
10 de octubre de 2023
La presidenta de la Federación Salud Mental Canarias, Cristina Acosta, reclamó en el acto con motivo del Día Mundial de la Salud Mental celebrado en el Parlamento de Canarias que se acabe con los casos de vulneración de derechos de las personas con problemas de salud mental que se dan en los ámbitos sanitario y sociosanitario, que se trabaje para eliminar los obstáculos laborales y sociales que suelen encontrar y, en definitiva, llamó a las personas asistentes a luchar contra “los prejuicios, discriminación y estigma” que sufre a diario el colectivo. Acosta participó en la apertura institucional del evento junto a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, con un discurso en el que también tendió la mano a los grupos políticos presentes para la elaboración de una ley autonómica de salud mental que permita “proteger y mejorar estos derechos”.
La presidenta de la Federación insistió en la necesidad de “poner a las personas en el centro”, ya que “nadie está a salvo de que su proyecto de vida se tambalee por un problema de salud mental”. Así, tras reconocer que “queda mucho camino por recorrer”, instó a aprovechar el “momento histórico” que atraviesa la salud mental tras la pandemia, que marcó “un antes y un después” y que ha propiciado que hoy “se hable en serio de salud mental”.
Por su parte, Astrid Pérez animó a la población y a las instituciones a cuidar la salud mental “desde la infancia hasta la vejez”. En sus palabras de bienvenida, la presidenta de la Cámara destacó “el incansable trabajo” de las familias de las personas afectadas y de “las asociaciones que velan por los derechos de este colectivo”. Así, valoró la trayectoria de entidades como AFES Salud Mental, El Cribo, Salud Mental ATELSAM, Salud Mental AFESur, Salud Mental La Palma, ASOMASAMEN o TLP Impulso, que organizaron este acto a través de la Federación Salud Mental Canarias.
Para Astrid Pérez, “la salud mental no es un problema de unos pocos, sino una cuestión que afecta a toda la sociedad, por lo que nos debe implicar a todos. Tiene tantas caras como personas encontramos en la calle. No tiene edad, ni sexo, ni condición social. No es algo que se elija ni que permanezca inalterable a lo largo de la vida”.
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón; la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado; el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera Delgado, y la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez, protagonizaron tras la apertura institucional una Mesa Institucional sobre Derechos Fundamentales en Salud Mental.
Para cerrar el acto, la representante de Salud Mental ATELSAM en el Comité Pro Salud Mental Canarias, Celia Herrera, leyó el manifiesto de la Federación con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Herrera recordó que nadie conoce mejor que las personas con problemas de salud mental qué piensan y cuáles son sus necesidades. “Y, sin embargo, vemos cómo lo más habitual es que se silencie nuestra voz”, añadió, explicando que, a partir del diagnóstico, “parece que se nos arrebata cualquier capacidad de opinión y de decisión, que se nos somete a una tutela involuntaria que nos anula y deshumaniza”.
Así, entre las reivindicaciones que hizo la portavoz del Comité Pro Salud Mental está “garantizar la libertad y seguridad de las personas, así como su protección ante tratos degradantes”; “trabajar por la toma de conciencia y el entendimiento de los problemas asociados a la salud mental”, luchando contra el estigma; “consolidar una red de recursos de atención a la salud mental con suficientes recursos sociosanitarios y que no deje a nadie atrás, independientemente de la isla en la que se resida” o “impulsar, de la mano del tejido empresarial canario, la contratación en la empresa ordinaria de personas con problemas de salud mental, generando empleo digno y de calidad para nuestro colectivo”.
Canarias en cifras: la realidad de la salud mental
Durante el año 2022, en Canarias han sido atendidas más de 68.000 personas en servicios de salud mental del Servicio Canario de Salud, de las cuales, el 56% son mujeres y el 44% son hombres.
Las entidades representativas del movimiento asociativo de Canarias atendieron, en 2022, a cerca de 7.000 personas en distintos servicios y programas orientados a promover la rehabilitación psicosocial y la autonomía personal de las personas con problemas de salud mental y sus familiares.
Las entidades han atendido a un 10% de las personas censadas por las unidades de salud mental, suponiendo un aumento del 2% con respecto al año anterior, equivalente a cerca de 1.000 personas.
Las acciones de intervención indirecta, a través de sensibilización y voluntariado, han tenido un alcance de más de 24.000 personas en el archipiélago, respecto a las más de 18.000 personas del año anterior.
Enfoque de derechos
La salud mental es un ámbito en el que impacta con especial dureza la exclusión social. Desde el mismo instante del diagnóstico, se sitúa a la persona en una situación de indefensión que, en los casos de trastorno mental grave y durante el ingreso en áreas de psiquiatría, a menudo deriva en situaciones en las que se permite y tolera el uso de la coerción, la violencia y los abusos. Organismos nacionales e internacionales como el Comité de Bioética de España o la Organización Mundial de la Salud han denunciado en reiteradas ocasiones el uso de este tipo de prácticas. Las contenciones mecánicas y químicas son un ejemplo flagrante: su carácter brutal, humillante y degradante ha desatado numerosas voces críticas e incluso ha sido considerado como una forma de tortura por la ONU, pero de nuevo la respuesta del sistema ha estado, hasta el momento, marcada por la tibieza y por perpetuar la desprotección y la indefensión del colectivo. En lugar de brindar salud y cuidados como los que se daría a cualquier otra persona, la tendencia general es a deshumanizar, recluir y olvidar.
Al mismo tiempo, las administraciones públicas no destinan los recursos que hacen falta para cubrir las necesidades de recuperación de esta parte de la población, menos aún para facilitar su inclusión social: las múltiples barreras de acceso a los servicios disponibles impiden el acceso de la mayoría a la atención en salud mental y, cuando lo permiten, se hace de manera poco coordinada, con un seguimiento demasiado distanciado en el tiempo y con una eficacia mínima. Una vez más, se evita profundizar y se elige el camino fácil: medicar y apartar.
